Durante las últimas semanas se multiplicaron los operativos a particulares y toures de compras logrando la incautación de toneladas de ropa ingresada a la Argentina de manera ilegal, sin la documentación exigida. El detonante fue el decreto del Gobierno de la Nación que prohibió el ingreso de ropa usada al país, con fines de ser comercializada. Así se desató el conflicto con los bagayeros.

Desde el Juzgado Federal de Orán, revelaron a LA GACETA que se secuestró mercadería por un valor superior a los 100 millones de pesos en el último mes y medio, pero que la mayoría de los procedimientos concretados por Gendarmería se realizaron en Tucumán y Santiago del Estero.

Esto último se decidió para evitar conflictos en el norte salteño ya que se sabe que la mayoría de la ropa ingresa al país por la frontera entre Salta y Bolivia de la mano de los bagayeros. La estrategia no funcionó ya que los problemas sucedieron igualmente: durante días los bagayeros cortaron la ruta 50 dejando a la ciudad de Orán aislada, obligando a que el propio gobernador, Juan Manuel Urtubey, y funcionarios nacionales tengan que trasladarse al norte para intentar llegar a una solución.

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La misma solo fue posible cuando intervino el obispo Gustavo Zanchetta, quien acercó a la partes para regularizar la situación y que volvieran a trabajar. Fue clave para la pacificación del asunto, el acuerdo para el ingreso de dos bolsos por persona y la implementación de medidas de seguridad para los vehículos transportadores.

La ropa puede llegar a ser donada a los más necesitados

Uno de los grandes interrogantes tiene que ver con qué sucede con la ropa incautada: ¿queda abandonada, debe destruirse o puede ser donada?

La Justicia asegura estar limitada por una legislación vetusta que solo habilita a los magistrados a la destrucción de la mercadería y no a poder disponer libremente de ella como para donarla, por ejemplo. Entre otras cosas es por ello que celebran que sea Aduana quien, en muchas ocasiones, practique los operativos y pase a hacerse cargo de la ropa incautada.

Además, los depósitos judiciales dependientes del juzgado de Orán están clausurados o abarrotados, por ejemplo, de precursores químicos (de comercialización regulada por su uso para la fabricación de drogas) secuestrados desde la época en que Raúl Reynoso era el juez.

Respecto al destino de la ropa, cuando es Aduana quien decomisa, la puede donar si Presidencia de la Nación lo autoriza. El sistema funciona así desde enero de este año cuando Mauricio Macri emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para darle un destino a la mercadería incautada en los 4700 contenedores abandonados en puertos y depósitos fiscales de todo el país que, luego de ser inmovilizados por la Aduana o la Justicia, nunca fueron reclamados por sus supuestos dueños.

Con esa medida, se hizo entrega de una montaña de ropa, alimentos, electrodomésticos y hasta vehículos que estaban secuestrados en Aduana al Ministerio de Desarrollo Social, quien se encarga de distribuirlos a sectores de vulnerabilidad social (especialmente a zonas de emergencia) o a organizaciones civiles.

También actúa la Secretaría General de la Presidencia, que recibe los bienes que la Aduana informa que están disponibles y los distribuye en base a los pedidos que realizan los gobernadores, intendentes u otros ministerios nacionales.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, explicó cuándo el procedimiento se vuelve urgente: "puede haber alimentos o medicamentos que sea mercadería perecedera y eso tiene que salir rápidamente para que no se venza. De acuerdo a cómo se clasifique, la mercadería se entregará con un criterio de emergencia por catástrofes naturales que se produzcan en distintos lugares del país y para distintas organizaciones civiles o personas de bajos recursos que la necesiten", especificó cuando se conoció el DNU del presidente.

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Se determinó, por ejemplo, que las telas sean destinadas a las cooperativas que hacen guardapolvos o uniformes y que la ropa y alimentos, lleguen a las organizaciones sociales, ONG o para atender emergencias.

¿Qué pasa luego de un secuestro de ropa?

A nivel judicial, quienes son enganchados con ropa sin la debida documentación, son sometidos a una causa por encubrimiento de contrabando, que bien puede ser con responsables –si es que manifiestan ser los dueños de la mercadería- o responsabilizando a NN.

Lo que sucede con la ropa depende mucho de ello porque si no existen los propietarios de la ropa es más fácil disponer de la misma, según fuentes judiciales, ya que si hay imputados debe seguirse el procedimiento judicial correspondiente, lo cual requiere mucho más tiempo por la disputa que surge sobre el destino de la ropa.    

Desde el Juzgado de Orán reconocieron que las causas por contrabando suelen prescribir porque no son prioritarias. El problema es que al haber un solo juez a cargo, Gustavo Montoya, se le debe dar prioridad a las causas con detenidos, por lo que la justicia asegura no dar abasto.

En estos momentos hay 158 detenidos por causas federales en la jurisdicción del Juzgado del norte salteño, que implica una actividad incesante debido a la cantidad de recursos que se presentan diariamente para lograr liberaciones.

Por otro lado, para la Justicia Federal de Salta no fue un dato menor la detención de Jorge Castillo, quien maneja "La Salada", la enorme feria de ropa ubicada en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires), teniendo en cuenta que es el destino final de gran parte de la ropa que ingresa ilegalmente por la provincia.