Por el crimen de Abigail Riquel, ocurrido en Tucumán, el diputado salteño Ignacio Jarsun se expresó en las redes sociales y dijo que en el país debería condenarse con pena de muerte a quienes cometen estos delitos. Sus declaraciones generaron un sinfín de controversias, incluso organizaciones de Derechos Humanos lo denunciaron por “apología de la violencia”.

Denuncian a Jarsún por apología al delito e incitación a la violencia, tras pedir pena de muerte

El legislador habló con LA GACETA sobre lo sucedido y lejos de mostrarse arrepentido sostuvo que expresó que lo que siente. “No tengo injerencia porque se trata de un tema nacional”, dijo el diputado saencista y agregó: “me parece necesario discutir la pena de muerte porque vamos por mal camino”.

El representante del partido Todos por Salta remarcó que sus manifestaciones sobre este tema reflejan su pensamiento y destacó que nunca cambió su discurso. “Hoy el aborto es un delito y hay personas que marchan a favor y hacen apología buscando que deje de ser un delito. En mi caso es lo mismo, pido que un violador o un asesino de una nena, como pasó en Tucumán, reciban pena de muerte”, enfatizó.

Jarsun reconoció también que debatir este tipo de cambios en las leyes no resulta simple por los tratados internacionales que lo impiden, pero sostuvo que en el país “están dadas las condiciones para discutir este tema”.

Días atrás, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados también había quedado en el centro de la polémica por impulsar el uso de pistolas Taser por parte de la Policía de Salta. Su idea recibió el visto bueno del Ministerio de Seguridad y del propio gobernador, Gustavo Sáenz.

“En lo personal no entiendo la postura de las organizaciones de Derechos Humanos, porque estas armas no son un elemento de tortura. Con estas pistolas se evita que alguien muera”, afirmó.

Finalmente, Jarsun indicó que a través del proyecto de Declaración que presentó en la cámara baja no se pretende que cada efectivo de la fuerza de seguridad porte una de estas armas, pero si se busca reglamentar su uso y “prepararse” para tener una herramienta más contra la delincuencia.