Después de que el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta, Ignacio Jarsún, pidiera pena de muerte para asesinos y violadores, respaldando así el linchamiento de un hombre en Tucumán, salieron a su cruce militantes de Derechos Humanos y el mismo legislador Claudio del Plá, del Partido Obrero.
Del Plá sostuvo que estas salidas mediáticas de Jarsún tienen un significado político: tratar de explotar una gigantesca crisis social, la degradación de las condiciones de vida del pueblo, que no brindan una solución real.
Un diputado salteño pidió la pena de muerte para violadores y asesinos
“El problema es del capitalismo”, enfatizó. Y acotó que Jarsún se presenta como un discurso “antisistema, pero viene de un defensor acérrimo de un capitalismo en descomposición".
El legislador fue más allá: “la reivindicación del linchamiento, de un probable delincuente, descalifica a Jarsún para que siga siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados”.
El legislador señaló que estas últimas declaraciones no pueden ser consideradas un hecho aislado. Recordó, en este sentido, que Jarsún es el mismo que en la última huelga docente llamó a reemplazar a los maestros que hacen paro. “Todos estos exabruptos van de la mano del ataque a los derechos de la clase trabajadora”, indicó.
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A Del Plá, no le queda ninguna duda de que “Jarsún trata de convertirse en el émulo de Jair Bolsonaro en Salta”
La militante de Derechos Humanos Raquel Adet, recordó que Jarsún “es uno de esos que se define como gente de bien, y sale a pedir armas Taser, que son instrumentos de tortura y hay muchas gente que ha muerto por el uso de esas torturas”.
Adet enfatizó que Jarsún es un hombre que pide la represión para los pobres de Parque la Vega, donde hay cientos de criaturas y ahora pide pena de muerte. “Qué le puedo decir de un hombre así. Es una fascista. Un tipo que hace esas declaraciones es fascista, no se lo puede llamar de otra manera”, dijo.
“Jarzún no está solo. Responde a un lineamiento, a una política de estado
“La represión es una política de estado en Salta. Las posiciones de Jarsún son las del gobierno provincial. La única respuesta de Gustavo Sáenz a la pobreza es represión”, concluyó.
¿Se puede aplicar la pena de muerte?
Cuando se reformó la Constitución Nacional, en 1994, la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que impide de plano cualquier posibilidad de instalación de la pena de muerte. Por lo tanto, en caso que este tipo de iniciativas avances en el ámbito nacional habría que denunciar el pacto y hacer una reforma constitucional.