La situación epidemiológica de Salta es compleja. Los casos positivos de covid-19 crecieron exponencialmente desde inicios de septiembre y el sistema sanitario está al borde del colapso. A pesar de esto, la clase dirigencial lejos parece estar de aunar esfuerzos por la pandemia y algunas decisiones recientes de la gestión Sáenz provocaron más alejamientos que uniones.

La semana pasada el diputado Héctor Chibán salió con los tapones de punta por la creación de una Sociedad del Estado a través de un decreto del Poder Ejecutivo. El Decreto N°567, publicado el pasado 9 de septiembre en el Boletín Oficial, conformó ‘Salta tecnologías de la información y comunicación’ (Saltic).

Sin pelos en la lengua, el legislador de la Unión Cívica Radical calificó a esta medida como “curro con nombre y apellido”. “La conformación de las Sociedades del Estado deben crearse por Ley con el consentimiento de la Legislatura. El gobierno no puede tomar medidas que atenten la Constitución”, agregó.

Los dichos de Chibán se sostienen en el artículo 127 de la carta magna provincial, el cual establece las ‘atribuciones y derechos’ del Poder Legislativo. Allí, el inciso cuarto detalla: “Disponer la descentralización de servicios de la Administración Provincial y la constitución de empresas públicas y sociedades del Estado”.

El cuestionamiento del diputado capitalino fue refutados y desde el gobierno afirmaron que la Ley N°6.261 delega expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de constituir Sociedades del Estado. Además, esta norma establece que las Sociedades del Estado que se creen deberán establecer como objeto la prestación de servicios públicos, el desenvolvimiento de actividades comerciales o industriales, y en especial, la investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnología, así como cualquier otra actividad conducente al fomento del desarrollo económico. Por lo tanto, la creación de esta compañía, que aspira “construir una red de infraestructura digital en la provincia”, no habría pasado por encima de la Constitución.

Después que se suspendiera la sesión que los senadores deberían haber realizado el último jueves, Guillermo Durand Cornejo cruzó al gobierno por la falta de “funcionamiento de las instituciones” con motivo de la pandemia.

A pesar de formar parte de las filas oficialistas, el representante del departamento Capital en la cámara alta se mostró consustanciado con la idea de Chibán y expresó: “La constitución no existe, la borraron”. “En Salta no hay Poder Judicial, no hay Legislatura, el Ejecutivo funciona en una mínima parte. Así no se puede llegar a ningún lado”, agregó.

En esta dirección, el senador cuestionó que se sigan restringiendo actividades porque esas medidas “no tienen  sustento” y enfatizó: “cuando la razón no prima y el sentido común no existe, a lo primero que se recurre es a la suma del poder público”.

Consultado por LA GACETA, Javier Diez Villa descartó que el gobierno tome medidas contrarias a lo que marca la Constitución. “No comparto en absoluto que no haya institucionalidad en Salta. Estos dichos son visiones sesgadas de personas que desconocen cómo administrar y gobernar durante la pandemia”, aseguró.

En relación a esto, el referente del oficialismo en la Cámara de Diputados sostuvo que el gobierno provincial no transgredió la Constitución en este contexto particular y por el contrario “trabajó en el marco de la emergencia con las herramientas del Estado de Derecho”.

“Hay muchos sectores que ponen palos en la rueda y son los menos los que hacen aportes. Flaco favor le hacemos a nuestros representados si solo buscamos un redito político con todo esto”, disparó Diez Villa.