A raíz de la carta que el círculo de suboficiales de la Policía elevó gobernador Gustavo Sáenz, representantes de la fuerza y el gobierno se reunieron esta mañana. Si bien no se tomaron medidas de fondo, se acordaron paliativos para descomprimir cualquier tipo de tensión con los efectivos.

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Uno de los principales pedidos tiene que ver con los aumentos salariales, entendiendo que hoy la mayoría de los policías están por debajo de la línea de pobreza. Para solucionar este planteo se decidió conformar una comisión que analizará los ítems salariales que la Provincia podría empezar a blanquear a la brevedad. Dicha medida beneficiaría a los policías en actividad y a los retirados.

En diálogo con LA GACETA, el diputado Gustavo Orozco indicó que en la reunión también se concertó acondicionar un lugar para recibir al personal de la fuerza que contraiga coronavirus. Para esto se preparará la escuela de Cadetes y un ala del hospital Papa Francisco.

Además, el gobierno ordenó entregar ayuda alimentaria y elementos de bioseguridad a las familias de los efectivos que permanecen aislados por la pandemia. Actualmente, hay más 180 uniformados contagiados con covid-19 y unos 500 efectivos están aislados de manera preventiva.

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“Entendemos que todos los planteos son lógicos y válidos”, dijo el legislador y expolicía. En relación a esto, Orozco señaló que en los próximos días se realizará un nuevo encuentro con las autoridades del Ministerio de Seguridad para avanzar con el debate salarial y la mejora de determinados ítems.

Si bien no hubo avances sobre el tema licencias y asensos postmorten con continuidad hasta la máxima jerarquía, el diputado por Rosario de la Frontera indicó que estos conceptos también serán tenidos en cuenta con posteridad.

¿Qué exigen desde la fuerza?

Estos son los principales puntos de la “reparación histórica” que piden:

A- Recomposición salarial:

Piden una escala salarial con proyección anual que se ajuste a las circunstancias de la canasta básica donde no existan pagos en negro que afectan al salario del personal retirado generando cientos de juicios en trámites y la previsión de enfermedades, accidentes y fallecimientos ante la falta de estructuras edilicias en mal estado, móviles deteriorados, equipos de protección y municiones vencidas etc.

B- Servicios extraordinarios

Piden que se incrementen los montos a los servicios de Policía Adicional tanto el Público como al Privado; servicios que se cobran por adelantado y no se traslada de inmediato al bolsillo del trabajador. Piden también que se determine legalmente si el policía asignado a un servicio adicional pago, pasa a depender del que lo contrata porque paga, pues aún se observa que en los servicios de bancos etc., realizan tareas de porteros y otras actividades ajenas a la seguridad.

C- Recargos de servicios

Se analice el plus denominado HORAS CORES (Compensación por recargos de servicios) es un ítem cuyo monto por horas no tiene determinación que lo justifique y se aplica indiscriminadamente con un monto antojadizo, sin límites de jerarquías, y con el grave perjuicio que al instrumentarse en negro, no repercute en el salario del retirado generando judicialización para su reconocimiento.

D- Suplemento único alimentario

Exigen que se instaure un bono adicional alimentario mensual consistente en dinero en efectivo, destinado exclusivamente al personal operativo por un monto de 4 mil pesos que consista en dos comidas o raciones diarias cuando le corresponda cumplir servicios lejos de su residencia o no tenga la posibilidad de relevo, o bien por las circunstancias deba preparar su almuerzo o cena en el lugar asignado al servicio.

E- Bienestar laboral.

Exigen que se constituya de manera urgente una Comisión integrada por representantes de la Aseguradora Riesgo de Trabajo ART, de la Comisión Provincial de DDH de la Provincia y de la Cámara de Diputados -Comisión de Seguridad- que intervenga en la medicina laboral policial en todos sus aspectos y de higiene y seguridad laboral, ambas áreas estarán facultados a visitar y apersonarse en la Dependencias Policiales, UURR, Comisarías, Destacamentos y especialmente en los Puestgos móviles de controles de ruta, consignas y vigilancias, “donde se puede observar el abandono y las carencias totales de protección en seguridad y salud pública, de esta manera podrán ir identificando factores de riesgos en prevención de mejores condiciones de vida y medio ambiente laboral, del riesgo psíquico y físico del trabajador Policial y en la actualidad en la prevención del COVID19 que los mata”.

F- Una ley de heridos y fallecidos en y por actos de servicio

Los manifestantes dicen que es  insuficiente otorgarle un ascenso por mérito extraordinario, si el fin de su carrera es llegar a la máxima jerarquía. Piden urgente el análisis de una ley que favorezca a los héroes para que pueda sobrellevar las secuelas de las heridas y su sufrimiento y para las viudas y sus hijos para una mejor calidad de vida. Quieren que cada cuatro años se les dé un ascenso, aunque sea postmortem, hasta llegar al grado de comisario.

G- Creación de un centro médico policial para Covid

Esto dice el petitorio “Todos hemos escuchado el clamor de los familiares que se hizo público por la falta de previsión y tal vez de una mala organización para la contención de los policías contagiados y fallecidos en servicio, donde cuando por su gravedad recién eran asignado al azar a cualquier hospital o Clínica para su internación; la falta de protocolos y coordinación con nuestra Obra Social y las ART para determinar su asistencia o no. Nos obliga a impulsar la creación de un CENTRO MEDICO UNICO DE ASISTENCIA en cada Regional atendida por nuestra propia gente profesionales del área de la salud, que permita un control y seguimiento y también ayuda de parte de familiares. Queremos que los fondos de la Caja Única Policial sean destinados exclusivamente para paliar los gastos de este Centro pues no sabemos el destino de ese dinero público, no obstante, creemos en la solidaridad de nuestras Asociaciones Civiles que nos nuclean, llámense Mutuales, Círculos, Fundaciones, Cooperadoras, y el aporte tal vez de la creación de un fondo único solidario donde cada uno de los 12 mil efectivos en actividad y los 7 mil en situación de retiro, podrían autorizar el descuento de sus haberes un monto mínimo fijo o a su voluntad por un tiempo determinado. La emergencia obliga un profundo análisis de lo que no se hizo y se puede hacer, la cuestión es que se debe designar un profesional médico con especialidad y de reconocida trayectoria que evalué la posibilidad de encontrar un espacio físico adecuado para llevar adelante esta alternativa de urgente decisión política y humanitaria.”

H- Vivienda Familiar

La carta enviada al gobernador señala que muchos efectivos viven en forma paupérrima e indigna. “Es triste ver en muchos casos, cuando se ordena judicialmente desalojos en asentamientos, se puede observar también a compañeros nuestros junto a su familia en carpas humildes y desesperados anhelando por el sueño de tener un terreno o vivienda propia, otros conviven con los padres o con sus suegros, soportando la humillación de sentirse agregados al no poder independizarse. Todo esto produce una alteración psíquica en el personal policial que sin duda lo traslada a su lugar de trabajo. Necesitamos de su atención y de una política habitacional que abarque a nuestro sector y al penitenciario”, señalan.