La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso el martes «la intervención plena» de la empresa Correo Argentino y «el desplazamiento total» de su directivos. Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.

El Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, había ofrecido una propuesta de pago de la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la jueza y la fiscal consideraron que esa oferta era «abusiva». Según los cálculos de Cirulli y Boquín, de haber aceptado la propuesta, el Estado habría convalidado una quita del 98,87% de la deuda del Correo Argentino.

La fiscal Boquín dictaminó que la deuda actualizada era de $70.163 millones y que con el acuerdo la familia Macri se beneficiaría con el no pago del 98,87% del monto total.

En cambio, los abogados de Correo Argentino respondieron que el valor de la deuda «por cánones oscila entre $528 millones y $651 millones» por lo que la quita propuesta, de pagar $296 millones, rondaría entre el 44% y el 54,5%.

Ahora, la jueza Cirulli ordenó la intervención de la empresa y por consiguiente el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje.