En el foro existe una regla no escrita que reconoce la virtud de la credibilidad sólo a aquellos jueces que cultivaron la independencia desde el comienzo de su magistratura.

Claudio Bonadio no fue esa clase de magistrado. Pudo permanecer 26 años al frente del Juzgado Federal Nº11 de los Tribunales de Comodoro Py, y producir las mayores incomodidades judiciales para la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su círculo, pero su labor nunca tuvo el reconocimiento general ni el de los especialistas. Como si se tratara de un estigma imborrable, a Bonadio lo persiguió el fantasma de la falta de imparcialidad: con esta sospecha cargó por haber comulgado durante casi dos décadas con el paradigma del juez afín al poder.

Los mismos que protegieron a Bonadio cuando mostraba escaso o ningún interés en desenvolver las denuncias de corrupción pasaron a defenestrarlo en el momento en el que ese apetito se desató. Este giro aconteció en los años finales del segundo mandato de la ex Presidenta. Hasta esa época, Bonadio arrastraba el mote de “juez de la servilleta”. Ese papel teóricamente incluía los nombres de los magistrados y fiscales federales dominados por el poderoso ministro menemista Carlos Corach, según el relato de otro miembro descollante de aquel gabinete, Domingo Cavallo. Según el economista ideólogo del plan de convertibilidad, Bonadio estaba en esa lista de fieles.

La cercanía del magistrado con Corach y con Carlos Menem determinó el acceso del primero a Comodoro Py. Bonadio, militante peronista, era subsecretario legal y técnico de la Presidencia del riojano cuando aquel promovió la duplicación del número de juzgados federales porteños -los elevó a los 12 actuales- y, vía designación discrecional, lo mandó al despacho Nº11 en 1994. Ese pase del órgano controlado al organismo de control -lamentablemente tan común hasta estos días- signó la carrera del juez. Al poco tiempo, el ejercicio abusivo de la potestad para cubrir las oficinas judiciales vacantes desembocó, Pacto de Olivos mediante, en la reforma constitucional que incorporó la preselección de aspirantes a la Justicia Federal y Nacional a partir de los concursos públicos de antecedentes y de oposición sustanciados por el Consejo de la Magistratura.

Se suponía que los exámenes objetivos de la idoneidad debían terminar con los jueces de la servilleta, y profesionalizar e independizar al Poder Judicial, pero el modelo antiguo no terminaba de desaparecer ni el nuevo de surgir. Y, entretanto, Bonadio se erigió en una especie de “padre” de Comodoro Py, como se conoce a los Tribunales de Retiro, que son los más mentados del país por su competencia para dilucidar los hechos de corrupción atribuidos a las autoridades del Estado nacional y los casos atinentes al crimen organizado. La impunidad; la opacidad del proceso penal; la contaminación con los servicios de inteligencia y los “operadores”, y el volumen y la espectacularidad de las causas convirtieron a esa institución en un polo de confluencia de los intereses políticos hasta el punto de que en octubre, en la primera reunión que tuvieron los entonces presidente electo, Alberto Fernández, y presidente saliente, Mauricio Macri, el primero le dijo al segundo que no podían seguir siendo “rehenes” de aquellos 12 jueces.

La grieta se proyecta

La muerte de Bonadio acaece en un instante crítico para las investigaciones que controvierten la probidad de un grupo numeroso de ex funcionarios kirchneristas y de empresarios ligados a ese sector, y cuyo expediente emblemático es la llamada causa de los Cuadernos de las Coimas instruida por el Juzgado Nº11. La vicepresidenta enfrenta múltiples procesamientos, resoluciones de elevación a juicio oral y órdenes de prisión preventiva dispuestos por el juez fallecido, acusaciones que la acusada atribuye a una persecución injusta orquestada por la oposición con el apoyo de magistrados venales y de la prensa tradicional, o “lawfare”. Más allá de las lecturas políticas o facciosas de los procesos en marcha, el propio Comodoro Py está en tela de juicio desde el 10 de diciembre, cuando Fernández prometió -sin explicitar detalles- una reforma integral del sistema federal de Justicia.

Como era de esperarse, la grieta se proyectó ayer alrededor del deceso de Bonadio, que salió indemne de incontables denuncias y cuestionamientos. Mientras que en Juntos por el Cambio lo despidieron con pesar y bregaron por la prosecución de las pesquisas sensibles que el magistrado manejaba, en el kirchnerismo arreciaron las críticas y hasta festejaron su partida. En particular, le “cobraron” su participación en un episodio de 2001 caratulado como “legítima defensa” en el que disparó y mató a dos supuestos ladrones, y que impidiera al ex canciller Héctor Timerman -falleció imputado en 2018- viajar a los Estados Unidos para recibir un tratamiento contra el cáncer. “Me hubiese gustado que (Bonadio) se curara. Eso es lo que distingue a nuestra familia de lo que hizo él con Héctor”, dijo Javier Timerman, hermano del ex funcionario.

Héroe de la república para unos, villano y extorsionador para otros, Bonadio expresó en forma excelsa la crisis de legitimidad de la Justicia que diagnosticó Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte de la Nación, en el discurso de apertura del año judicial 2019.

Ese déficit tiene que ver con la pérdida de confianza en la imparcialidad de quienes deben condenar o absolver, y materializar la igualdad ante la ley. La biografía controvertida del juez federal Nº11 ilustra con generosidad hasta qué medida la autoridad del Poder Judicial yace en las pruebas que motivan las decisiones, pero, sobre todo, en el prestigio de sus integrantes.

Los expedientes que ocuparon su escritorio

En agosto de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó por cadena nacional: “No le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso, o extorsionador”. Sus dichos fueron interpretados como una alusión al episodio protagonizado por Bonadio en 2001, quien mató a dos delincuentes en un tiroteo durante un intento de robo. El juez contestó a través de los medios: “me llaman juez pistolero y fue en defensa propia y de terceros, a mi amigo le habían disparado en la espalda”. En esa misma entrevista, el magistrado convocó a la exmandataria a explicar las razones por las que lo llamó extorsionador. “Ella es una funcionaria pública y debería decir en qué la extorsioné y qué le pedí, y lo debería denunciar porque es un delito”, sostuvo.
El 13 de abril de 2016 ambos se volverían a encontrar, durante la declaración indagatoria a la ya expresidenta,  por el caso llamado “Dólar Futuro”. Un año después, en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, dispuso la prisión preventiva de altos funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner, entre ellos Carlos Zannini y Luis D’ Elía. Por ese mismo hecho, ordenó el arresto domiciliario para ex canciller Héctor Timerman.

Meses más tarde, tras pedir su desafuero al Congreso, Bonadio ordenó la detención del ex ministro de planificación federal Julio De Vido, por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado.

Estuvo a cargo de la investigación por los “cuadernos de las coimas” del remisero Oscar Centeno. En ella volvió a acusar a la actual vicepresidenta y en ese momento senadora nacional como supuesta jefa de una asociación ilícita. El procesamiento incluía prisión preventiva, por lo que pidió su desafuero.

En la misma causa procesó a sus principales ex funcionarios y a medio centenar de empresarios de la obra pública.
También investigó la tragedia del tren de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, por la que resultó condenado De Vido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la misma causa estuvieron involucrados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y empresarios como Claudio Cirigliano. Todos ellos fueron condenados tras un juicio oral.