El Gobierno nacional oficializará un Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, según se comunicó anoche oficialmente desde la Casa Rosada. En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente, puntualizaron desde el Gobierno nacional.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de este año, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres.

En este sentido, la norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139.000 trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el período septiembre 2018-2019.

Y recuerda que ya en 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la perdida de 111.000 puestos de trabajo registrado.

Por decisión del presidente Alberto Fernández se declara la emergencia pública en materia ocupacional ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral. La norma estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. Según trascendió, la medida había sido analizada por el jefe de Estado junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La falta de oportunidades y particularmente la desocupación que ha causado la prolongada recesión económica en el país ha sido uno de los ejes del discurso de asunción de Fernández. “Hoy el desempleo afecta a casi un 30% de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Debemos garantizar el derecho al primer empleo, a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, PyME, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar”, dijo en el Congreso al tomar posesión del cargo.

“En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios y las diversas expresiones sociales, para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía”, continuó en su mensaje de asunción.