TUCUMÁN.- En la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) celebran que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán haya avalado el apartamiento de la fiscala Adriana Giannoni en la causa penal abierta contra los ginecólogos José Gijena y Cecilia Ousset, pero consideran que ese expediente nunca debió haber existido y, por lo tanto, opinan que la decisión es insuficiente. “Exigimos el cierre del proceso de los médicos que atendieron a ‘Lucía’”, manifestaron la directora ejecutiva Fernanda Marchese; Florencia Vallino, coordinadora del área de niñez y adolescencia, y el comunicador Sebastián Pisarello. 

Los integrantes de la ONG que asumió la defensa de los profesionales añadieron que la Justicia debe esclarecer las irregularidades registradas en la práctica de la interrupción legal del embarazo peticionado por la niña abusada y recordaron que el Estado nacional admitió que sus derechos fueron lesionados (se informa por aparte).

La Corte confirmó la separación de Giannoni que había dispuesto el juez Enrique Pedicone por “temor fundado de falta de objetividad” basado en que la fiscala especializada en homicidios había advertido al Hospital del Este que debía defender la vida desde la concepción mediante un oficio y en que había pegado carteles contrarios al aborto en las paredes exteriores de su despacho. Horas después de que Pedicone emitiera la decisión, los médicos recibieron una citación para prestar declaración como imputados emitida por la fiscala apartada, convocatoria que aquel juez también anuló y que, si el fallo de la Corte queda firme, deberá ser evaluado por otro integrante del Ministerio Público Fiscal. La denuncia por supuesto homicidio también involucra a la defensora de Menores, Adriana Mónica Romano.

“El caso de ‘Lucía’ (fue violada por su abuelastro) nos permite decir muchas cosas que valen para ella, pero, también, para la población en general”, dijo Marchese. Con Vallino, desarrollaron los numerosos escollos existentes en Tucumán para que las chicas menores de 14 años que quedan embarazadas puedan poner fin a la gestación como dispone el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012). Entre esos obstáculos identifican la falta o la mala calidad de la educación sexual integral. “Esta formación previene el abuso y ayuda a erradicar de manera seria una problemática instalada, naturalizada e invisibilizada porque a menudo se da en el entorno familiar”, expresó Vallino. Marchese agregó: “lo cierto es que ‘Lucía’ no sabía leer ni escribir, y recién ahora está empezando a aprender. Vemos, entonces, que esto les pasa a las niñas víctimas de la violencia institucional y sexual, pero, sobre todo, a las niñas pobres. ¿Qué sucede cuando falló la prevención? Viene el obstáculo de la falta de aplicación de un protocolo de la interrupción legal del embarazo, que en Tucumán no existe, pese a la exhortación del fallo ‘FAL’”. Pisarello especificó al respecto que Andhes reclama la aplicación del reglamento vigente a nivel nacional.

“En Tucumán, las niñas que quieren interrumpir sus embarazos dependen de la buena voluntad de quien recibe el caso o de la suerte de encontrar profesionales respetuosos de los derechos”, analizó Vallino. Marchese dijo que, cuando el Estado provincial toma contacto con este tipo de casos, comienzan a actuar la burocratización, la desinformación y la dilación para impedir una práctica que también es necesaria por la salud física. “Esta demora configura una tortura para una niña sometida a una situación que no desea y que, de repente, se ve rodeada por agentes estatales que le ofrecen mejorar su vida a cambio de que no aborte”, acotó Vallino. Marchese expresó que, en ese punto, suelen surgir los escollos judiciales: “vemos un Ministerio Público Fiscal que amenaza, hostiga y persigue a quienes deben hacer el procedimiento. La primera consecuencia de ello fue la declaración masiva de objeciones de conciencia en el Hospital del Este donde estaba internada ‘Lucía’, cosa que es inadmisible”. Vallino agregó que el temor surtió efectos, y que ahora se sabe perfectamente a qué se exponen los profesionales como Gijena y Ousset: “el caso de ‘Lucía’ demuestra que es posible que haya una acusación de homicidio. Vemos que, en definitiva, en Tucumán existe una criminalización de la interrupción legal del embarazo”.