Después de reunirse con la Unidad Coordinadora de Lucha contra el microtráfico, Juan Manuel Urtubey anunció el envío de un proyecto a la Legislatura para que Salta cuente con una ley de extinción de dominio.

Con esta propuesta, el gobierno provincial estaría facultado a utilizar los fondos secuestrados en los procedimientos a efector de fortalecer la capacidad operativa de los organismos que trabajan en esta problemática.

“Queremos que esos fondos vayan a la lucha contra el narcotráfico, no a los cuentas generales”, aseguró el mandatario y remarcó que esto resultaría posible por el trabajo conjunto entre la Policía y la Justicia local contra el microtráfico de estupefacientes.

Durante la conferencia de prensa que brindó ayer en Casa de Gobierno, Urtubey sostuvo que con esta iniciativa, que tomará estado parlamentario en abril cuando comience la actividad legislativa, se la provincia dispondrá de más cinco millones de pesos para “luchar contra este flagelo”. “Hoy se pueden utilizar los vehículos, pero no los fondos porque la ley no lo habilita”, explicó.

¿Cuál es la diferencia con el proyecto que se discute en Nación?

El proyecto que todavía se discute en el Congreso Nacional facilitaría la capacidad del Estado para recuperar bienes vinculados con delitos complejos, como actos de corrupción y narcotráfico.

La idea de esta herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. Mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos, detalla Chequeado.com.

“Extinción de dominio”, es un término utilizado para referirse a una forma en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito. Suelen tratarse de las ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína), pero también puede abarcar otros casos (por ejemplo, los autos utilizados para trasladar la droga).

Esta iniciativa como la que empezará a discutirse en Salta tienen una matriz común y la principal diferencia solo radica en las competencias de cada jurisdicción.