El Gobierno decidió apelar el fallo de la jueza federal de la seguridad social, Ana María Rojas, que impuso un plazo de 20 días a la ANSeS para que se haga cargo del reclamo iniciado por Amado Boudou para cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación.

 La magistrada presionó al organismo con “ser denunciado penalmente por incumplimiento”, aunque el Estado Nacional se niega a la medida.

El reclamo se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, dilatando los tiempos para que se decida si Boudou podrá percibir su pensión o no. La decisión guarda relación con un reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA), a la que la ANSeS le pidió que intervenga y analice si corresponde que dicho beneficio sea otorgado al ex vice de Cristina Kirchner. Este reclama las 3/4 parte de un sueldo de un ministro de la Corte que gana, en promedio, unos 240 mil pesos por mes, tal cual lo contempla la ley 24.018. Serían unos 180 mil pesos, según constató Clarin.

El ex vicepresidente inició el 10 de diciembre de 2015 los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación, un beneficio al que se acogió Cristina Kirchner en el mismo período. Pero la finalización del expediente del ex vice contó con otros plazos y terminó judicializado.

Con una apelación por parte del Ministerio de Desarrollo Social -que para aquel entonces tenía a cargo este tipo de pensiones- tuvo que expedirse la Justicia. El otorgamiento de pensiones quedó después bajo la órbita de la ANSeS y la jueza federal de la Seguridad Social, Ana María Rojas, pidió explicaciones sobre el retraso. Días atrás hizo lugar al amparo por mora que presentó Guido Quieto, el abogado de Boudou, y exigió que en 20 días el Gobierno resuelva la situación, sino podría ser denunciado por incumplimiento.

Pero la ANSeS había solicitado un plazo de 10 días para contestar y, una vez vencido, volvió a excusarse al señalar que estaba “esperando una respuesta” del área técnica del organismo.

Ahora, tal como contó Clarín, interviene en la discusión el organismo que conduce Laura Alonso que analiza si corresponde el pago de la jubilación de privilegio al ex vicepresidente “ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial”, consignaron desde el organismo.

Será después del 7 de agosto que se conocerá la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) respecto a Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La OA, que es querellante en el juicio, solicitó una pena de 5 años y medio de prisión, más una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

En caso de que haya condena penal contra Boudou, la OA informará a ANSeS que “no debe pagar la pensión vitalicia dado que el ex Vicepresidente incurrió en delitos contra la administración durante su ejercicio en el cargo”, explicaron fuentes oficiales.

Ante la apelación por parte del Estado, desde el entorno de Boudou reiteraron que tratándose de actuaciones administrativas, deben cumplirse “sin dilaciones injustificadas”, tal como indicó la Magistrada al hacer lugar a la acción de amparo. Además, indicaron que en otros casos la pensión de iguales características “se otorgó sin mayores dilaciones”, como el caso de Julio Cobos o Fernando De la Rúa como ex presidente.

La defensa de Boudou no descarta pedir ante la Cámara de Seguridad Social la ejecución del fallo de primera instancia.