El peronismo se unió y logró convertir en ley la norma que limita los tarifazos y ordena retrotraer los precios a noviembre de 2017, aunque ya tiene el veto asegurado del presidente, Mauricio Macri.
La maratónica sesión en el Senado se extendió hasta las 3.30 de la madrugada de hoy. La norma tuvo 37 votos a favor y 30 en contra. El presidente del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que la ley envía un "mensaje político" a la Casa Rosada.
El debate se dio en medio de fuertes críticas a las políticas económicas de la gestión de Cambiemos. Por su parte, desde el oficialismo calificaron la ley de ilegal, irracional y demagógica y ratificaron el veto del Presidente.
La eventual alianza del PJ que conduce Pichetto y el kirchnerismo, y otras expresiones menores, logró un consenso para frenar al oficialismo y convertir en ley la norma anti-tarifazos que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados hace tres semanas.
Cómo votaron los legisladores salteños
Tal y como ya se había anunciado, los legisladores Rodolfo Urtubey, Juan Carlos Romero y Cristina Fiore votaron en contra del proyecto que finalmente fue convertido en ley y que limita los incrementos en las tarifas de servicios públicos.
Las claves de la ley anti-tarifas
La ley recientemente aprobada en el Senado no solo ordena retrotraer los valores de las tarifas a noviembre pasado, sino también el texto impulsado prevé limitar futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, elevando a tres salarios mínimos, casi $ 30.000, el universo de hogares alcanzados por la tarifa social.
Asimismo, ordena a las empresas la devolución de los incrementos cobrados en los últimos meses, con facturas de luz, por ejemplo, que en Salta algunos vecinos recibieron por $ 26.000.
El debate tuvo una larga lista de 50 senadores que se anotaron para exponer y casi nadie apoyó el proyecto opositor. La mayoría de las intervenciones de la oposición se focalizaron en criticar las políticas económicas y tarifarias y el rumbo de la gestión de Cambiemos.
Por su parte, el oficialismo cuestionó la "irresponsabilidad del proyecto" ya que el costo fiscal del Gobierno ronda los $ 110.000 millones. Esteban Bullrich calificó la norma de "demagógica", mientras el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que la iniciativa era "inconstitucional" porque interfiere en la facultad de las provincias y del Gobierno nacional de fijar el cuadro tarifario de los servicios públicos.