De acuerdo a un informe publicado ayer por el centro de estudios, con ese esquema de actualización tarifaria, el gasto en subsidios a la energía en lugar de bajar 0,67% del PBI bajaría solamente 0,10 puntos porcentuales del PBI. En el caso de los subsidios al transporte, en lugar de reducirse 0,18% del PBI se reducirían menos de 0,10% del PBI. En total, los subsidios económicos bajarían un 0,7% del PBI menos que lo que está proyectado.

“Si el precio de un bien sube a igual ritmo que los costos y éstos lo hacen al ritmo de la inflación general, el precio relativo no cambia, con lo que tampoco lo hace el grado de escasez relativa de este bien. Si, en cambio, los costos suben al ritmo de la inflación, pero el gobierno decide que los precios lo hagan a menor velocidad, aparece la necesidad de subsidiar la diferencia. Este subsidio es una transferencia al consumidor o al productor, significando un gasto público”, explica el informe presentado estos últimos días por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal dirigido por el economista Nadin Argañaraz.

"La dinámica fiscal cambia sustancialmente ante un esquema alternativo como el descripto. El gobierno debe bajar el déficit primario de 3,9% del PBI de 2017 al 3,2% del PBI a fines de 2018. De concretarse un cambio de la evolución tarifaria como el considerado, el mayor gasto que significa equivale casi exactamente a la magnitud del esfuerzo fiscal que debe realizarse para cumplir con la meta de déficit primario", explica el informe que analiza el actual esquema que implica 90.000 millones de pesos menos de ingreso para los usuarios de energía eléctrica.

“En la medida que la inflación sea sostenida, el subsidio se acrecienta y consecuentemente el gasto público en subsidios económicos crece a mayor ritmo que la inflación. En nuestro país, durante varios años los subsidios a la energía y al transporte permitieron que los precios pagados por el consumidor subieran a menor ritmo que la inflación. Esto hizo que los subsidios económicos llegaran a representar un 3,8% del PIB en 2015. Sin considerar a las Rentas de la propiedad como ingresos, el déficit primario de 2015 fue del 4,3% del PIB. Por ende, los subsidios económicos representaban al final del mandato del gobierno anterior casi un 90% del déficit primario”, indica Argañaraz en su informe.

Según el doctor en economía, el actual gobierno priorizó el objetivo de bajar la inflación a partir de una baja real del gasto público. “En esta línea, la disminución real de los subsidios económicos fue considerada clave. En el año 2016 los subsidios económicos no se modificaron y terminaron prácticamente con la misma participación en el PIB. Mientras que, durante el año 2017 los subsidios económicos iniciaron un proceso de reducción nominal y por ende real. Los destinados a la energía pasaron de $210.000 millones en 2016 a $125.000 millones a fines de 2017. Es decir que disminuyeron un 40% en términos nominales. Por su parte, los subsidios destinados al transporte pasaron de $80.000 millones a $90.000 millones. Esto implicó un aumento nominal del 13%. Esta combinación derivó en una baja del peso de los subsidios económicos en el PIB del orden de 1,5 puntos porcentuales. Se redujeron del 3,7% del PIB al 2,2% del PIB”, explican.

Año 2018 proyectado

Durante 2018 está prevista la continuidad de la baja nominal de subsidios en materia energética y una leve suba nominal de los destinados al transporte. Los primeros podrían bajar hasta un 45% y los segundos subir un 5%. Este comportamiento implica, obviamente, una nueva baja del peso de estas transferencias dentro del PIB. Se proyecta que sea del orden de 0,9 puntos porcentuales.

Como puede apreciarse, hay un cambio de composición notable. Los subsidios al transporte terminarían explicando el 60% del total de subsidios económicos.