Marcela Castro y Jessica Aguirre, ¿líderes de una red de trata o víctimas de una causa armada?

Uno de los casos más complejos de la historia judicial reciente se encamina a su fin. Qué buscará probar su defensa y qué argumentos tiene el fiscal para sostener la acusación.

10 Nov 2017
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JESSICA AGUIRRE, MARCELA CASTRO Y MARCELO ARANCIBIA. FOTO LA GACETA

Es uno de los casos más atrapantes de la historia policial y judicial más reciente de Salta. En los próximos días el tribunal federal deberá dictar sentencia a Marcela Castro y Jessica Aguirre, dos mujeres acusadas de integrar una red de trata de personas internacional y ser las promotoras que seducían, captaban, reclutaban y habrían explotado sexualmente a jóvenes en Chile. 
Una trama compleja con fuertes acusaciones, investigaciones y hasta escuchas telefónicas giran en torno de las acusadas. Marcelo Arancibia, abogado de las mujeres, reconoce a LA GACETA que en sus 40 años de profesión “es uno de los casos más complejos” en los que le tocó intervenir. Del otro lado, el fiscal Francisco Snopek intenta demostrar las responsabilidades a ambas mujeres que ya llevan tres años detenidas. 
Los argumentos de uno y otro lado de los escritorios de la sala contrastan entre papeles, expedientes y fojas, ante la atenta mirada y preocupación que exhibió el tribunal a lo largo de la audiencia. 
De acuerdo a la caratula que pesa sobre Castro y Aguirre ambas pueden recibir una pena de hasta 18 años de prisión si es que los magistrados están convencidos que engañaban y seducían a jóvenes salteñas que buscaban una rápida salida laboral y mejorar sus condiciones de vida, para en realidad ser explotadas sexualmente en el cabaret “El Señor de la Noche”, propiedad del empresario chileno prófugo -y socio de Castro-, Anthony Mark Rodríguez Gómez. 
Las acusaciones
A lo largo de las audiencias, el fiscal federal Francisco Snopek ha intentado demostrar las culpas de Castro y Aguirre. Además de las documentaciones y el relato de testigos como gendarmes y vecinos que han sido citados a declarar, los argumentos más fuertes que avalan su hipótesis son el relato de F.A., una joven que denunció  a las mujeres y relató haber sido engañada para cruzar la cordillera. Una vez en Chile dijo haber sido obligada a ejercer la prostitución. Incluso, que Castro le retenía sus documentos para impedir o demorar su regreso a Salta. Agregó que en el lugar donde eran explotadas había jóvenes chilenas y paraguayas bajo las mismas condiciones: sometimiento. 
F.A. es una vieja conocida de las acusadas no solo por esta causa sino por la agresión que sufrió en su casa de barrio Tres Cerritos cuando en noviembre de 2015 Castro, Aguirre y otras dos jóvenes ingresaron a cobrarle una presunta deuda. Castro y la joven discutieron ante la mirada del hija de la muchacha y se trenzaron a trompadas que terminaron con serias agresiones, además del robo de $ 95.000 y u$s 3.000 según denunció la joven. Por esa causa las cuatro mujeres cumplieron una condenada de 18 meses. 
Otro argumento clave fueron las escuchas telefónicas que realizó Gendarmería Nacional a Marcela Castro. La mujer era investigada desde 2013 por sus continuos pasos a Chile. En una de las audiencias, se reprodujeron 11 escuchas donde hombres mayores de voz, en un tono amigable, que transmitieron que habrían conocido hacía tiempo a Castro le pedían mujeres “blanquitas y mancitas”, para “servicios completos”. 
PALABRA DEL FISCAL
La mejor defensa, el ataque
En base a estos argumentos, el defensor de Castro y Aguirre plantea una visión muy distinta del Fiscal. En diálogo con este medio se refirió a cada uno de los puntos arriba mencionados. 
Según Marcelo Arancibia, no está probado que Castro haya sido facilitadora de jóvenes más allá de los audios que se ventilaron. El abogado sostiene que el delito no está probado porque no se tiene conocimiento de si efectivamente las chicas eran llevadas o no y se concretaban los supuestos encuentros. 
Acerca de los viajes a Tocopilla y Calama, el abogado primeramente afirma que todas las mujeres que viajaron con Castro y Aguirre, en el auto particular de la primera de ellas o bien en colectivos de largas distancias, eran mayores de edad. Agrega que todas eran conscientes de lo que hacían. En esa línea argumenta de acuerdo a las pruebas que tiene y la palabra de Castro que las jóvenes salteñas trabajaban de mozas en el cabaret de Anthony Mark Rodríguez Gómez. La paga que percibían era exclusivamente por ese servicio. 
El tercer argumento que emplea para contrarrestar las acusaciones es el vínculo de F.A. con las imputadas a quienes ella misma habría contactado en 2011 pidiéndole ser parte de este grupo de salteños que buscaban en el vecino país una mejor calidad de vida y una rápida salida laboral con $ 15.000 mensuales. El cuñado de Castro declaró en la última audiencia que nunca notó nada extraño en F.A., según él la joven “viajaba porque quería y que allá se movía con libertad”. De hecho habló que había iniciado relaciones amorosas con dos jóvenes, en momentos diferentes. 
¿La causa armada?
Según planteará la defensa en los alegatos, “los argumentos no son sólidos para semejante acusación”. Asegura que hay una causa armada por un trasfondo que data del viejo enfrentamiento que sufrió y denunció F.A. con las acusadas. 
La declaración de la supuesta víctima de trata no sería suficiente para demostrar en las audiencias la culpabilidad de Castro y Aguirre, de acuerdo a lo que plantea Marcelo Arancibia. Tampoco los viajes realizados a Chile y los trabajos que allí habrían sido obligadas a realizar las supuestas víctimas, retenidas bajo amenazas y sin documentos, en el Cabaret de Anthony Mark Rodríguez Gómez. 
Asimismo se indica que las escuchas telefónicas de la Gendarmería Nacional al teléfono celular de Castro sería una evidencia acercada por el fiscal que no bastaría porque, según Arancibia, en ellas no se puede establecer o comprobar la comisión o materialización del delito de trata de personas. 
Un testigo clave, alegatos y sentencia
La última y decisiva audiencia se desarrollará el martes 21 de noviembre. Para ese día se espera la declaración de un carabinero que habría asistido a Castro y F.A. cuando en 2011 intentaban regresar a Salta y estuvieron varados tres días en la frontera porque los pasos “dejado sola”. 
El hombre es un testigo clave considerado por la defensa de las acusadas. Luego de este testimonio se dará lugar a la lectura de los alegatos y a posterior se dará sentencia. Ambos de ese día, el fiscal y el abogado de las acusadas dialogaron mano a mano con LA GACETA y dejaron entrever hacia dónde irán sus argumentos. 

Es uno de los casos más atrapantes de la historia policial y judicial más reciente de Salta. En los próximos días el tribunal federal deberá dictar sentencia a Marcela Castro y Jessica Aguirre, dos mujeres acusadas de integrar una red de trata de personas internacional y ser las promotoras que seducían, captaban, reclutaban y habrían explotado sexualmente a jóvenes en Chile. 

Una trama compleja con fuertes acusaciones, investigaciones y hasta escuchas telefónicas giran en torno de las acusadas. Marcelo Arancibia, abogado de las mujeres, reconoce a LA GACETA que en sus 40 años de profesión “es uno de los casos más complejos” en los que le tocó intervenir. Del otro lado, el fiscal Francisco Snopek intenta demostrar las responsabilidades a ambas mujeres que ya llevan tres años detenidas. 

Los argumentos de uno y otro lado de los escritorios de la sala contrastan entre papeles, expedientes y fojas, ante la atenta mirada y preocupación que exhibió el tribunal a lo largo de la audiencia. 

De acuerdo a la caratula que pesa sobre Castro y Aguirre ambas pueden recibir una pena de hasta 18 años de prisión si es que los magistrados están convencidos que engañaban y seducían a jóvenes salteñas que buscaban una rápida salida laboral y mejorar sus condiciones de vida, para en realidad ser explotadas sexualmente en el cabaret “El Señor de la Noche”, propiedad del empresario chileno prófugo -y socio de Castro-, Anthony Mark Rodríguez Gómez

Las acusaciones

A lo largo de las audiencias, el fiscal federal Francisco Snopek ha intentado demostrar las culpas de Castro y Aguirre. Además de las documentaciones y el relato de testigos como gendarmes y vecinos que han sido citados a declarar, los argumentos más fuertes que avalan su hipótesis son el relato de F.A., una joven que denunció  a las mujeres y relató haber sido engañada para cruzar la cordillera. Una vez en Chile dijo haber sido obligada a ejercer la prostitución. Incluso, que Castro le retenía sus documentos para impedir o demorar su regreso a Salta. Agregó que en el lugar donde eran explotadas había jóvenes chilenas y paraguayas bajo las mismas condiciones: sometimiento. 

F.A. es una vieja conocida de las acusadas no solo por esta causa sino por la agresión que sufrió en su casa de barrio Tres Cerritos cuando en noviembre de 2014 Castro, Aguirre y otras dos jóvenes ingresaron a cobrarle una presunta deuda. Castro y la joven discutieron ante la mirada del hija de la muchacha y se trenzaron a trompadas que terminaron con serias agresiones, además del robo de $ 95.000 y u$s 3.000 según denunció la joven. Por esa causa las cuatro mujeres cumplieron una condenada de 18 meses. 

Otro argumento clave fueron las escuchas telefónicas que realizó Gendarmería Nacional a Marcela Castro. La mujer era investigada desde 2013 por sus continuos pasos a Chile. En una de las audiencias, se reprodujeron 11 escuchas donde hombres mayores de voz, en un tono amigable, que transmitieron que habrían conocido hacía tiempo a Castro le pedían mujeres “blanquitas y mancitas”, para “servicios completos”. 

El ataque

En base a estos argumentos, el defensor de Castro y Aguirre plantea una visión muy distinta del Fiscal. En diálogo con este medio se refirió a cada uno de los puntos arriba mencionados. 

Según Marcelo Arancibia, no está probado que Castro haya sido facilitadora de jóvenes más allá de los audios que se ventilaron. El abogado sostiene que el delito no está probado porque no se tiene conocimiento de si efectivamente las chicas eran llevadas o no y se concretaban los supuestos encuentros. 

Acerca de los viajes a Tocopilla y Calama, el abogado primeramente afirma que todas las mujeres que viajaron con Castro y Aguirre, en el auto particular de la primera de ellas o bien en colectivos de largas distancias, eran mayores de edad. Agrega que todas eran conscientes de lo que hacían. En esa línea argumenta de acuerdo a las pruebas que tiene y la palabra de Castro que las jóvenes salteñas trabajaban de mozas en el cabaret de Anthony Mark Rodríguez Gómez. La paga que percibían era exclusivamente por ese servicio. 

El tercer argumento que emplea para contrarrestar las acusaciones es el vínculo de F.A. con las imputadas a quienes ella misma habría contactado en 2011 pidiéndole ser parte de este grupo de salteños que buscaban en el vecino país una mejor calidad de vida y una rápida salida laboral con $ 15.000 mensuales.

El cuñado de Castro declaró en la última audiencia que nunca notó nada extraño en F.A., según él la joven “viajaba porque quería y que allá se movía con libertad”. De hecho habló que había iniciado relaciones amorosas con dos jóvenes, en momentos diferentes. 

¿La causa armada?

Según planteará la defensa en los alegatos, “los argumentos no son sólidos para semejante acusación”. Asegura que hay una causa armada por un trasfondo que data del viejo enfrentamiento que sufrió y denunció F.A. con las acusadas. 

La declaración de la supuesta víctima de trata no sería suficiente para demostrar en las audiencias la culpabilidad de Castro y Aguirre, de acuerdo a lo que plantea Marcelo Arancibia. Tampoco los viajes realizados a Chile y los trabajos que allí habrían sido obligadas a realizar las supuestas víctimas, retenidas bajo amenazas y sin documentos, en el Cabaret de Anthony Mark Rodríguez Gómez. 

Asimismo se indica que las escuchas telefónicas de la Gendarmería Nacional al teléfono celular de Castro sería una evidencia acercada por el fiscal que no bastaría porque, según Arancibia, en ellas no se puede establecer o comprobar la comisión o materialización del delito de trata de personas. 

Un testigo clave, alegatos y sentencia

La última y decisiva audiencia se desarrollará el martes 21 de noviembre. Para ese día se espera la declaración de un carabinero que habría asistido a Castro y F.A. cuando en 2011 intentaban regresar a Salta y estuvieron varados tres días en la frontera porque los pasos “dejado sola”. 

El hombre es un testigo clave considerado por la defensa de las acusadas. Luego de este testimonio se dará lugar a la lectura de los alegatos y a posterior se dará sentencia. Ambos de ese día, el fiscal y el abogado de las acusadas dialogaron mano a mano con LA GACETA y dejaron entrever hacia dónde irán sus argumentos. 

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