Desde Tomás Godoy Cruz hasta el diputado Alfredo Cornejo

Por José Claudio Escribano

Para LA GACETA - BUENOS AIRES

¿Qué ha sucedido, que después de que Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza, hubiera mentado la palabra “independencia”, de arriesgada connotación para la integridad nacional cuando se la invoca en nombre de intereses provinciales, y de extravagancia incuestionable en los hábitos de la política argentina en cientos de años, más que provocar una tempestad haya provocado modestos vientos fuera de los límites mendocinos? Cornejo es diputado nacional, pero ante todo preside la Unión Cívica Radical, un partido centenario, con presencia y responsabilidades territoriales en todo el país.

Caben algunas suposiciones. Al menos los argentinos comprometidos con el estudio, el trabajo y la producción se hallan comprensiblemente abstraídos en las consecuencias directas e indirectas de la pandemia y en los efectos de sucesivas cuarentenas sobre sus vidas. Están ensimismados en la salud personal y de igual manera en la salud colectiva, dañada por el desgarramiento del tejido económico y social que los articula y sostiene como sociedad con identidad propia en el concierto de naciones.

En ambas incertidumbres se reflejan riesgos y emociones de valor a la larga equivalente, aunque decirlo contradiga lo que los gobernantes han pregonado en meses inacabables.

Entre tales perplejidades los argentinos podrían de igual modo estar comprensiblemente abstraídos en preguntarse cuántos escalones más quedan por descender después de décadas de retrocesos comparativos, que impresionan en relación con otros países y por la velocidad de la involución desde mediados de los setenta. El fantasma del Estado fallido acecha en más y más mentes. Ha habido imprudencia en las palabras iniciales de Cornejo y habrá habido una distracción imperdonable en la clase dirigente argentina si no las tomara en cuenta como síntoma de fenómenos estructurales que aguardan respuesta.

Situaciones como esta ponen a prueba la visión estratégica de los hombres de Estado. Su gravedad los acucia a la reflexión sobre los cambios impostergables por introducir porque interesan al destino de la Nación, más que a saber quiénes han de triunfar a cualquier costa en los próximos comicios.

Si los argentinos hubieran puesto en las palabras del diputado Cornejo más atención de la que dieron cuenta en las dos semanas últimas, tomados como han estado por urgencias inmediatas, habrían advertido la gravedad de que haya irrumpido un signo lingüístico en desuso en el orden interno como el de “independencia”. Ese signo se asocia a uno de los pocos grandes males, si no el único, de los que hasta aquí la nacionalidad ha sido afortunadamente privada: el de las secesiones.

¿Por qué esto? ¿Puede disociarse lo dicho por Cornejo de un Estado argentino crecientemente ineficiente? ¿De sus negligencias manifiestas para resolver desigualdades sociales y políticas que abruman, desentendido de la desconfianza que suscita la Justicia y despreciativo del estupor que ha causado la corrupción pública por su magnitud y sistematización pandémica, y más, por el descaro para cubrirla con ensoberbecida impunidad?

“Soberanía suprema”

Hay que rastrear con minuciosidad la historia argentina ulterior a la organización definitiva 1853/60 para encontrar como una verdadera rareza el vocablo que Cornejo, diputado y presidente de la Unión Cívica Radical, utilizó para traducir el malestar mendocino con el gobierno federal. Cornejo habló de la “independencia” a la que Mendoza podría apelar para zanjar antiguas y nuevas diferencias. El tema disparador ha sido un dique por construirse: Portezuelo del Viento.

Varias generaciones de argentinos vinieron a este mundo, y partieron hacia el otro, sin haber oído una sola invocación de ese carácter. Alejandro Agüero, abogado cordobés especializado en Historia del Derecho e investigador del Conicet, señala como hallazgo un antecedente aislado, de 1879. Fue cuando el gobernador Vicente Almandos Almonacid, habiéndose negado a cumplir con leyes nacionales, alegó que La Rioja era “un Estado soberano e independiente”. Mitre le contestó desde la banca de diputado nacional: “En la República Argentina no hay más soberanía que la soberanía nacional, soberanía suprema, y ante esta soberanía todos tienen que inclinarse”.

Se ha especulado sobre las verdaderas intenciones del eslogan salido de la matriz de una agencia de publicidad: “San Luis, otro país”, a fines de 2001. Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador de la provincia, había encargado una campaña que identificara a San Luis como la mejor entre las provincias de un país aquejado por la crisis que derribó al presidente De la Rúa y lo llevó a él por unos días a la presidencia.

Rodríguez Saá dijo a La Nación que no se le cruzó por la cabeza nada que se pareciera a una escisión. De todos modos, el eslogan, aprobado por la vicegobernadora Alicia Leme después de que Rodríguez Saá fuera a la Casa Rosada, perdura como un tanto audaz en oídos que lo recuerdan.

Una consulta de opinión, realizada entre el 3 y el 4 del actual, por Reale-Dalla Torre mostró al 35 por ciento de los mendocinos animados por sentimientos independentistas. El reciente portazo de Latam, después de soportar los caprichos del sindicalismo aeronáutico y los privilegios irritantes de Aerolíneas Argentinas, impactó en el país sobre aquellos ciudadanos a quienes preocupan los números paupérrimos de la inversión extranjera en el país. Desolación que potencian las empresas que se van. Pero a los mendocinos, además, la despedida de Latam los afectó por algo singular: si viajan al exterior, prefieren hacerlo por Santiago de Chile, no por Buenos Aires.

Hay un orgullo provinciano a flor de piel entre los mendocinos. Cuando en 1960 el presidente italiano Giovanni Gronchi vino a la Argentina, quiso visitar Mendoza. Quería encontrarse con los descendientes de una inmigración que había convertido el desierto, en el que no más del tres por ciento de las tierras son cultivables, en uno de los estados más prósperos y de más floreciente cultura de la Argentina. Regaron hasta donde pudieron sin innovar demasiado en los preceptos de Caupolicán. Mendoza es una provincia de sensibilidad moderadora, donde ha llegado a decirse que los comunistas son algo conservadores y los conservadores, hijos en su mayoría de gringos y españoles progresistas, han sido abiertos a la modernidad y al entrecruzamiento social como no los ha habido en grado superior en otras partes.

Números y resultados

El diputado Cornejo ha echado desde hace años fama de impulsivo, no de tonto. Al cabo de una pausa de tres días, amenguó los aires independentistas: “No nos gusta separarnos del país”; “Somos tan argentinos como cualquiera”. Pero ya había calado en los comprovincianos el alegato de que “el país productivo está a punto de rebelarse contra el país no productivo”. Podrá argüirse que Cornejo encendió fuego de artificios, pero era lo que muchos coterráneos querían que alguien hiciera.

Cuando se vuelve a revisar el cuadro de resultados de las elecciones de noviembre último se verifica que Cornejo no ha hecho más que abrazar en la quejumbre mendocina a los porteños, los santafesinos, los cordobeses, los entrerrianos, cansados de privarse, junto con las gentes del interior bonaerense, de recursos que se vuelcan en provincias notorias por la inviabilidad objetiva. Habría, en este sentido, hecho Cornejo un buen servicio si sus palabras sirvieran de alarmante referencia para abordar cuestiones territoriales pendientes desde hace tiempo en la Nación, como fomentar el concierto de sinergias provinciales por medio de procesos regionalistas demorados.

Las elecciones presidenciales de noviembre las ganó una fórmula de estilos contrastados, pero Macri y Juntos por el Cambio se enseñorearon en la franja generadora de la mayor riqueza del país. Según datos del Ministerio de Trabajo, por cada empleado en el sector privado debidamente registrado había en 2017 dos empleados públicos en Formosa, Catamarca y La Rioja; en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco la misma relación se moderaba levemente. Era de 1,4/1,5.

Un país cuyo gasto público -Estado nacional, provincias y municipios-, que había sido en el pasado del ocho por ciento del PBI, y había alcanzado en los años previos a 2003 un promedio del 30 por ciento, se precipitó después, a fuerza de canonjías e irresponsabilidad política, en el abismo del 45 por ciento del PBI.

Las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional apenas consiguieron en 2019 reducir los gastos en personal (26,1 por ciento) y jubilaciones y pensiones (26,7 por ciento) al 52,8 por ciento del total. Una rebaja de casi tres puntos respecto de 2018, que era para esos dos rubros del 55,9 por ciento. Cifras que abrumarían las espaldas de cualquier Estado solvente.

La tradición política indica que las relaciones entre una provincia y el poder central se tensan cuando los gobiernos pertenecen a diferentes banderías. Si ahora se tensaron más de la cuenta entre Mendoza y el gobierno federal es porque está de por medio una represa que ha sido discutida y madurada durante 50 años. “La obra del siglo”, dice Cornejo; el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, que el gobernador radical Rodolfo Suárez se empeña en iniciar.

Esa obra, tanto o más pretenciosa que la del dique Potrerillos, inaugurada en 2001, involucra, por una razón u otra, los recursos naturales de cinco provincias: Mendoza, la gran beneficiaria, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Son las que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Solo La Pampa se había opuesto a aprobar la iniciación de los trabajos de lo que será una inmensa represa sobre el río Grande, afluente del Colorado. Con el cambio de gobierno, se sumaron al de La Pampa, siguiendo también tradiciones inveteradas, los votos negativos de las otras tres provincias del grupo gobernadas por el peronismo.

Una obra símbolo

Para Mendoza, Portezuelo del Viento representa algo así como un antes y un después en el tiempo histórico. En la categoría, dicen en la provincia, de lo que representó, a fines del siglo XIX, el Ferrocarril Trasandino. El estatuto de Coirco establece que las diferencias entre las provincias miembros se resolverán por laudo presidencial.

¿Qué va a decir Fernández? No ha suspendido el financiamiento de la obra, en la que hay en juego más de 1.020 millones de dólares. Difícil que lo hubiera hecho: luego de haber perdido el Estado nacional frente a Mendoza un juicio por liquidaciones impugnadas de fondos coparticipables, en vez de pagar lo que correspondía a Mendoza, se comprometió a financiar la represa.

En medio de las disputas en curso, no extrañó que nadie se fuera a las manos el viernes 3 cuando abrieron el sobre con la única oferta presentada para el aprovechamiento hidroeléctrico en controversia. Solo se atrevió a subir al ring la UTE Malal Hue, integrada por un consorcio liderado por la compañía china Sinohydro, asociada a empresas mendocinas; Impsa, entre ellas. En un gesto por acercar posiciones, Suárez ofreció esta semana a su colega de La Pampa compartir el embalse de Portezuelo, no la generación eléctrica.

Los constitucionalistas coinciden en que los problemas provinciales típicos con el Estado nacional conciernen a desacuerdos por la distribución de medios económicos.

Hoy, esas disputas refieren en lo esencial al fondo de coparticipación, respecto del cual todavía rige la ley 23.548 de 1988, a pesar de que por la sexta disposición transitoria de la reforma constitucional de 1994 debió haberse dictado un nuevo régimen antes de fines de 1996. Han pasado 24 años.

Ayer, esas mismas disputas referían a los derechos aduaneros, tema central en la separación de Buenos Aires en 1852 de la Confederación. La nacionalización de esos recursos quedó resuelta, después del triunfo de Urquiza sobre Mitre en Cepeda y el ulterior acuerdo de San José de Flores, por la reforma consensuada en 1860 del acto constituyente de 1853, del que Buenos Aires había estado ausente.

Marcelo Zentil, columnista de Los Andes, escribió recientemente que si Mendoza obtuviera una coparticipación de recursos por habitante equivalente a lo que logra San Juan, dispondría de 57.000 millones de pesos extras cada cuatro años. Zentil se ilusionó con que Mendoza podría construir así en una gobernación dos diques Portezuelo, mil escuelas y 20.000 casas. Ateniéndose a cifras del Ministerio de Economía de la Nación, y acaso para eludir la crítica eventual por una supuesta ojeriza antisanjuanina, dijo que el gobierno federal aporta per cápita a Mendoza un 20 por ciento menos de fondos que a Córdoba y un 31 por ciento menos que a Santa Fe.

En esa misma línea, un artículo publicado por La Nación, con la firma de Gabriela Origlia, puso de manifiesto el destrato en unos casos, y el beneficio notorio en otros, que arroja el examen de la distribución de recursos que hace el Estado nacional. Sobre la base de cifras del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Origlia hizo notar que los distritos que se sustentan en mayor proporción con recursos propios son CABA, 73 por ciento; Neuquén, 57 por ciento; Buenos Aires, 50 por ciento; Mendoza y Chubut, 38 por ciento, y Córdoba, 36 por ciento. Los fondos complementarios del Estado nacional derivan, como para las demás provincias, de giros por coparticipación, de los ATN y de diversos rubros dentro de la maraña burocrática.

Formosa se halla en el otro extremo. Según acreditan tres trimestres de 2019, apenas recauda por sí el 6 por ciento de lo que eroga. Algo mejor están La Rioja, con el 9 por ciento, y Catamarca y Santiago del Estero, con el 10 por ciento de recursos propios en la cobertura de sus gastos.

El régimen electoral nacional contemplado por la llamada ley Bignone, dictada por el último gobierno militar en 1982, al asegurar a cada distrito por lo menos cinco bancas de diputado nacional (Santa Cruz, Chubut, Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego...), atemperó la influencia de las provincias más grandes y reforzó el poder negociador de quienes hablan por las más chicas. Pero instaló un problema de subrepresentación y de sobrerrepresentación.

Algunos de los principales entredichos entre las provincias y el Estado nacional se remontan a la crisis de 1929, cuando comenzó a secarse la principal fuente de financiación del gobierno federal: los derechos provenientes, por determinación constitucional, del comercio exterior, en particular los de importación. Manuel Solanet, exviceministro de Economía y hoy presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, recordó a La Nación que el primer régimen de coparticipación se instituyó en 1934, teniendo como telón de fondo las graves cuestiones en el escenario internacional de la época.

El nuevo régimen devino a raíz de que al sancionarse en 1932 “por esta única vez” la ley de impuesto a los réditos -hoy, a las ganancias-, las provincias protestaron. Hasta allí sustentaban sus gastos con lo que por sí recaudaban, con impuestos directos como aquel. El asunto llegó a la Corte. Esta dictaminó, de forma salomónica, que el Estado podía gravar ganancias bajo dos condiciones: que lo hiciera de forma transitoria y que parte de lo recaudado retornara a las provincias en términos proporcionales a lo que ellas recaudaban. ¿Se cumple, acaso, ese fallo?

Conciencia y Constitución

La licencia lingüística de Cornejo se amparó bajo el paraguas de una diputación nacional. En otro tiempo, y con debates políticos más regulares que los actuales, de haber dicho lo mismo, pero como gobernador, tal vez hubiera afrontado una delicada situación. Que alguien descerrajara contra su comentario un proyecto de intervención federal a Mendoza. Después se vería.

¿Qué impide la independencia de una provincia? La conciencia histórica ciudadana y, sobre todo, la ley: la Constitución Nacional, por su espíritu y por la letra del Preámbulo, y por la ristra de artículos que establecen la supremacía federal; entre tantos, el 5, 6, 23, 31 y 123, o el 75, que en su inciso 15 determina que corresponde al Congreso “arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación”.

Incluso lo impide lo que Alejandro Agüero calificó de “acto de fe”, al referirse a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso “Texas vs. White”. Fue cuando el alto tribunal norteamericano dijo por encima del carácter confederativo del país, que permitía imaginar que como los estados habían entrado en la Confederación, así también podrían salir: “La Constitución, en todas sus provisiones, establece una unión indestructible, compuesta por estados indestructibles”.

¿Qué es también, si no un acto de fe, de los padres fundadores el lema E pluribus unum (”De muchos, uno”)? Fue impreso en la moneda de los Estados Unidos. ¿O qué es, literalmente, el lema que ha prevalecido: In God we trust (”En Dios creemos”)?

La doctrina de “Texas vs. White”, hecha a medida para responder, no ya con las armas sino con la doctrina judicial a un fenómeno como el de la secesión de los estados del sur, fue retomada entre nosotros, casi sin variantes, por la Corte Suprema, en un fallo de 1937. Lo cita Agüero en su trabajo “Autonomía por soberanía provincial”. Este estudioso del Derecho y de las palabras ha ahincado en la evolución de la nomenclatura política e institucional y puesto de manifiesto de qué modo el esfuerzo intelectual de Mitre por afirmar los conceptos de Nación y nacionalidad logró desplazar la antigua expresión de “soberanías provinciales”. Lo hizo en favor de la noción de “autonomía”, menos sutil, acaso, pero más cohesiva, para hablar de las facultades y los derechos de que gozan las provincias en las cuestiones que no han delegado en el poder central.

El mismo nombre que Mitre impuso a este diario denota la continuidad de propósitos en un hombre de Estado.

Al caer el Directorio tras la primera batalla de Cepeda, en 1820, las provincias se dieron constituciones, expresando una voluntad autonómica. “Lo hicieron sin perjuicio de formar parte en el futuro de una confederación que las nuclease”, dice Miguel Ángel Demarco, que presidió la Academia Nacional de Historia. Terminamos, como se sabe, haciendo el país federativo que define el artículo primero de la Constitución de 1853/60 y que adopta para su gobierno “la forma representativa republicana federal”.

En los caudillos, como Bustos, en Córdoba; Estanislao López, en Santa Fe, o Pancho Ramírez, en Entre Ríos, el concepto de autonomía era ajeno al de independencia en el sentido de soberanía nacional. Privaba en esos caudillos, en unos más, en otros menos, el sueño de una jefatura sobre la nacionalidad todavía dispersa, pero consagrada en 1816 en la Declaración de la Independencia por el Congreso de Tucumán.

A la ruptura de 1852 de Buenos Aires con la Confederación, sucede la Constitución bonaerense de dos años más tarde, dice la prestigiosa académica e investigadora Marcela Tarnevasio, sin que los bonaerenses violenten, a pesar de los localistas más enardecidos que enfrentan a Mitre, los límites de un espíritu autonómico. Buenos Aires se reserva, es cierto, en la Constitución de 1854 el ejercicio de las relaciones exteriores con un fin resueltamente utilitario e inmediato: el aprovechamiento del puerto y de la Aduana, sus grandes ventajas estratégicas; pero firma tratados internacionales que la Nación unificada debe después ratifica

El valor de las palabras

El lenguaje antecede al pensamiento, y desde luego, a la acción concertada. Conviene no olvidar entonces que tantos giros de la historia hayan empezado por la categoría otorgada a las palabras. Por eso está bien dejar al diputado Cornejo con el margen de decirnos en qué sentido había apelado inicialmente al concepto de independencia.

En la versión más extrema, que descartamos, podría contestarnos que lo hizo pensando en una comunidad que participa del concierto de naciones con un territorio propio y demuestra el control efectivo sobre ese territorio. Es lo pensó el ERP cuando en los setenta pretendió liberar en Tucumán una zona a fin de obtener la legitimación del orden internacional y acogerse así a las convenciones de guerra. Aquella primera hipótesis exige, además, que la comunidad del caso se active a diario en los términos institucionales y civilizados, o más o menos civilizados -para hablar con seriedad-, que se observan de ordinario en la asamblea general anual de los casi 200 países de la Organización de las Naciones Unidas.

O bien, podríamos notificarnos de que Cornejo se ha ceñido a una versión de independencia de cuño menos rotundo y emparentada con las ideas de autonomía y autarquía que en el período anárquico, al cabo de un año tan crítico como 1820, empleaban los mismos caudillos que dieron constituciones a sus provincias, pero sin pérdida del aliento por converger al final en la nación que mancomunara definitivamente a todos.

“Cosas de mendocinos”, podría resumir por ahora en tono risueño Miguel Ángel De Marco. Como historiador sabe que las entidades nacionales se forjan a costa de sacrificios y renunciamientos, y son como las plantas y los imperios: no tienen asegurada la continuidad de la vida sin los debidos cuidados y contención de los peligros. En Soldados y poetas (Emecé, 2002), De Marco recrea la llegada a Mendoza, a fines de 1821, de Manuel Alejandro Pueyrredón, sobrino de Juan Manuel, quien había sido director supremo. Era un capitán de 19 años del Ejército Libertador, cuyas memorias el autor cita.

Pueyrredón está de paso a Buenos Aires con otros ocho oficiales, heridos en combate. Han viajado desde las casamatas de El Callao. Pide al gobernador mendocino una asistencia de la provincia. Ejercía el cargo Tomás Godoy Cruz, hombre de confianza de San Martín, confidente y portavoz de sus urgencias militares en 1816 ante los congresales de Tucumán. Godoy Cruz tenía 30 años. No era Brad Pitt y había tropezado en la ilusión de enamorar a una muchacha, Victoria Ituarte Pueyrredón. Godoy Cruz suponía, hecho decisivo en la entrevista, que Manuel Alejandro se había interpuesto en su ratoneo romántico.

De modo que el gobernador, con pobre voluntad hospitalaria, hizo saber al joven Pueyrredón que, no habiendo dado alojamiento a otros, tampoco lo daría a él y sus acompañantes. Pueyrredón insistió en derechos fundados en el carácter de miembros “del Ejército de la República Argentina”.

Un hombre fracasado en el amor es un hombre de actitudes imprevisibles. Incluso en contradicción con las convicciones de otro orden que le hubieran hecho arriesgar vida y patrimonio personal. “República Argentina -refutó Godoy Cruz, antecesor de Cornejo-, Provincias Unidas del Río de la Plata... Hoy nada de eso existe... Somos independientes”.

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José Claudio Escribano – Ex subdirector del diario La Nación, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo.