En la Legislatura no prosperó el proyecto para derogar el polémico Decreto de Sáenz

La falta de consenso político impidió que ayer la Cámara de Diputados discuta la derogación de decreto de Necesidad y Urgencia N° 255/20. Incluso, esta normativa impuesta en el marco de la pandemia se convirtió en ley a pesar de los cuestionamientos de inconstitucionalidad que recibió por parte de organismos de Derechos Humanos y legisladores.

Un decreto de Sáenz se convirtió en Ley, pese a las demandas por inconstitucionalidad

El proyecto que no se discutió en el recinto afirma que la norma “implica un retroceso a la reforma introducida en el año 2015 (Ley 7914) en el Código de Contravenciones, oportunidad en la que se estableció que el “órgano competentes para la tramitación del proceso contravencional estará a cargo del Juez de Garantías de conformidad con las disposiciones reglamentarias que a tal efecto dicte la Corte de Justicia” y además otorga facultades que se le habían retirado a la Policía de la Provincia.

“Nos perdimos la oportunidad histórica de dejar sin efecto el decreto”, dijo Manuel Santiago Godoy y sostuvo que a pesar medida impuesta “las contravenciones siguen iguales” en la provincia.

Durante la sesión de ayer, el legislador autor del proyecto que no fue tratado enfatizó que el Decreto es violatorio de la Constitución y remarcó que la falta de discusión política “impidió volver a la normalidad constitucional”.

Registran al menos 20 casos de violencia policial durante la cuarentena en Salta

En su propuesta, Godoy también proponía incorporar un artículo 60 al Código Contravencional de Salta para establecer: “El/la que omita el cumplimiento de las normas dictadas por autoridad competente en el marco de la declaración de emergencia sanitaria con el fin de contener una epidemia o pandemia, relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles”.

Denuncias

Al menos 20 casos de violencia policial fueron registrados por los organismos de Derechos Humanos de Salta. Aunque no descartan que fueran muchos más. Todos esos hechos fueron descritos en un informe que ayer fue presentado en la Legislatura.

A través de este informe, la organización H.I.J.O.S - Salta en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal buscan visibilizar la violencia policial en la provincia que, según advirtieron, se acrecentó durante la cuarentena.

eferentes de organizaciones de Derechos Humanos (entre las que se encuentra HIJOS-Salta, organización corredactora del informe), en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron hace dos meses ante la Corte de Justicia de Salta una acción de amparo colectivo en contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que se ordene al Gobierno que se abstenga de aplicar el procedimiento previsto en el decreto Nº 255/2020 y se evite la imposición de sanciones coercitivas por ser contrario a las garantías constitucionales.

Solicitaron así también que se declare la inconstitucionalidad del DNU provincial. Pero el tratamiento de la demanda judicial se dilató y el accionar arbitrario de las fuerzas continuó.