Aseguran que en la Legislatura hay posturas “infundadas” para no avanzar con la intervención de Aguaray
El proyecto tenía previsto tratarse en la sesión de hoy, pero la iniciativa no obtuvo dictámenes y su tratamiento quedaría para la próxima semana.
De acuerdo al Acta de Labor, los diputados de la provincia debían tratar hoy el pedido de intervención al Ejecutivo Municipal de Aguaray. Pero el proyecto no recibió los dictámenes correspondientes y su tratamiento quedaría postergado.
La solicitud, presentada por Ramón Villa, se fundamente en el escándalo en el que quedó envuelto el intendente Jorge Prado por el robo de los caños del gasoducto NEA. En diálogo con LA GACETA, el legislador aseguró que en el oficialismo provincial tiene “posturas infundadas” para no avanzar con esta iniciativa.
“El oficialismo pide esperar una semana más y esperar las resoluciones del Concejo Deliberante del municipio, pero en casos como el de Coronel Moldes no se esperó la actuación de los concejales”, sostuvo Villa.
El dirigente del Frente de Todos también negó que el pedido de intervención tenga un trasfondo político o haya surgido como consecuencias de diferencias dentro del espacio kirchnerista. “Este personaje (Jorge Prado) nunca perteneció al Frente de Todos. Él solo se sumó en las últimas elecciones a través de un partido municipal para participar en el espacio”, aseguró Villa y remarcó que este tipo de comportamientos no pueden permitirse en la dirigencia política.
Sobre este tema también se expresó la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, y aseguró que la cámara baja debe actuar con prudencia sobre el tema porque en el municipio norteño “se activaron los resortes constitucionales”.
En el Concejo Deliberante de Aguaray, los ediles decidieron constituir una comisión para investigar la posible comisión de un delito. El jefe comunal fue imputado por la Justicia Federal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración.
El juez federal de Oran, Gustavo Montoya, avanzó con la imputación días después de los allanamientos que se hicieron en la municipalidad por el robo de los caños del gasoducto NEA. Por la investigación también se imputó al secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes, y al empresario Diego Alos.
Por el delito que se los acusa, los imputados podrían recibir una pena de dos a seis años de prisión, si la causa avanza.
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