¿Cómo impacta la pandemia en los sectores vulnerables?

El impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables por ahora no puede ser medido; aunque sí se lo puede estimar y se sabe que va a ser muy fuerte. La ciencia va a procurar hacer una radiografía de la situación social a través del único proyecto elegido para Tucumán entre siete propuestos en la primera convocatoria nacional de la Agencia de Promoción de la Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Se trata del “Diseño de dispositivos para la efectivización de derechos de sectores sociales vulnerables en el contexto crítico de la panemia covid-19 en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca”. Esta propuesta, que será ajustada en los próximos 10 días, va a tener fondos por 2,5 millones de pesos. Trabajarán unas 50 personas del Conicet, las universidades de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, así como los ministerios de las tres provincias.

El geógrafo Pablo Paolasso, del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Prodcucción deh Hábitat (UNT-Conicet) es el director del proyecto. “Estamos en la zona con los grupos de la población más vulnerable del país (NOA-NEA), fuera del conurbano bonaerense -explica-. El aislamiento social, que está pensado como medida general para enfrentar la pandemia, se dificulta en ese sector. Por un lado, porque no tiene los espacios adecuados para aislarse, ya que es gente hacinada de por sí a la que es imposible pedirle que esté guardada. Por otro, no tiene forma de proceder a medidas básicas de higiene dentro viviendas que no tienen agua, y en sectores rurales donde la gente espera un camión tanque que la provea del agua”. En este sentido, dijo, “una medida sencilla, que es lavarse las manos, en mucha población se dificulta. Otra, como el alcohol en gel, es un artículo de lujo para ellos”.

Paolasso añade que en esas condiciones las ayudas que el Estado y algunas ONG intentan hacer llegar a esos sectores tienen dispar efecto. Nos queremos centrar en cuáles son los sectores con problemas; por ejemplo su estado nutricional y cómo es el riesgo de que se agraven sus condiciones de alimentación. El proyecto –con objetivos de entre dos meses y un año- es ofrecer propuestas no sólo para mitigar los impactos sino también para que se hagan efectivos los derechos”.

Modelos de programas públicos

Un primer trabajo va a ser la caracterización de condiciones sociolaborales y hábitat en zonas históricamente vulneradas. “La idea es poder diseñar modelos de programas públicos que favorezcan el desarrollo y posibiliten la inserción laboral. El aislamiento afecta de modo especial a este grupo porque la mayor parte de ellos trabaja en el sector informal, Además, ya antes de la cuarentena hacían tareas que no les alcanzaban para la subsistencia; imaginemos lo que les puede generar el aislamiento. Esto requiere la articulación con el Estado. Estarán los ministerios de Salud de las tres provincias, el ministerio de Desarrollo Social, el de Educación, las universidades nacionales. Hay un involucramiento importante de los tres sectores que pueden hacer de alguna manera algo importante para que cambie la situación. Nosotros ponemos la pata científica”.

Mapeo de inseguridad alimentaria

Se va a monitorear las condiciones de nutrición infantil y la inseguridad alimentaria.

“Tenemos nutricionistas que se encuentran trabajando en este aspecto. La idea es hacer una cartografía con eso. No podemos mapear persona por persona -para no vulnerar derechos-, pero sí a una escala donde se puedan ver los bolsones de población malnutrida o donde faltan los recursos alimentarios”, puntualizó el investigador.

Acompañamiento educativo

En cuanto a educación, “se hará un dispositivo de acompañamiento a las instituciones, a las familias, a los estudiantes, a través del diseño de tecnologías blandas, haciendo foco en la educación en salud”.

Almacenamiento de datos

También se prevé un dispositivo de una aplicación para recolectar, almacenar y poner en una plataforma –celular, computadora- las distintas capas de información que tenemos para que eso les sirva a los organismos del Estado para generar políticas públicas”.

Paolasso dijo que en el primer momento se va a trabajar con la recopilación de datos. El último gran informe sobre población y sus condiciones de vida ha sido el censo de 2010. Hay datos que tiene el Estado –Salud, Educación y Desarrollo Social- pero el comienzo del trabajo se hará a partir de del índice de riesgo de inseguridad alimentaria, según explicó Fernando Longhi, del instituto Superior de Estudios Sociales, que participa en el proyecto. “Es un indicador de 2018 consolidado a nivel de radios censales para las tres provincias y que permite detectar las áreas donde estaría en riesgo el acceso y la disponibilidad de alimentos de calidad. Este dato lo tenemos para el año 2018, y es el relevamiento más reciente”.

Paolasso concluyó que estos estudios preliminares son la base del trabajo, que se va a orientar también a partir de la consolidación de datos, que se realizará con tareas con referentes sociales de las tres provincias a quienes ya se ha consultado en el informe nacional realizado en dos días a fines de marzo, y con otros nuevos.