Dos jueces ordenaron que el caso se tramité en Buenos Aires y uno opinó que debe radicarse en Tucumá

La audiencia oral y pública convocada para este martes a las 10 por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la provincia, puede desembocar en alguno de estos tres escenarios: la confirmación de la resolución de Facundo Maggio, juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán, y, por ende, la desvinculación del sistema judicial local de la tramitación de la causa por supuesto abuso sexual con acceso carnal atribuido al senador José Alperovich; la revocación y el acogimiento de la posición del denunciado respecto de que el caso debe ser investigado en esta jurisdicción (por medio de un magistrado por la existencia de fueros), o la anulación de la decisión previa. También podría suceder que Pedicone disponga la separación de las actuaciones: que los presuntos hechos ilícitos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sean investigados allí y que lo propio suceda aquí respecto de los supuestos ataques sucedidos en Tucumán. A estas alternativas ortodoxas se sumaría la opción de la remisión directa del asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, en su carácter de superior común de todos los estrados judiciales del país, zanje el debate sobre la competencia.

Tres jueces se pronunciaron previamente sobre la jurisdicción competente en este orden: Osvaldo Rappa, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35; Maggio y Mariano González Palazzo, vocal de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Todos ellos coincidieron en la necesidad de unificar las denuncias articuladas en noviembre por la sobrina y ex colaboradora de Alperovich con argumentos como la necesidad de evitar la revictimización, resultados contradictorios y proveer a la economía procesal (la denunciante había hecho presentaciones en la Justicia Nacional con sede en la CABA y en el Poder Judicial local). Pero mientras Maggio y el camarista González Palazzo resolvieron que el único expediente se quede en la capital del país, Rappa ordenó lo contrario: que la causa sea radicada en la Justicia penal de Tucumán.

Hay argumentos técnicos para fundar las diversas posiciones. La investigación en Buenos Aires se funda en que, al parecer, los supuestos actos ilícitos habrían comenzado allí, en un departamento ubicado en Puerto Madero de propiedad del senador, según se desprende de los análisis del testimonio de la denunciante, que trabajaba con su tío en la Cámara Alta -luego fue trasladada de oficina-. Aunque en virtud de esta causa Alperovich obtuvo una licencia sin goce de haberes, lo cierto es que, por motivos laborales, tanto él como su sobrina tienen arraigo en la capital del país. Otra razón para radicar la causa allá es que en alguna medida atañe al Congreso de la Nación puesto que cuestiona a uno de sus integrantes.

El criterio favorable a que investigue la Justicia tucumana se basa en el hecho de que la denunciante y el denunciado están domiciliados en esta provincia. Fuentes judiciales explicaron que el codefensor del senador, Ariel Sosa, había alegado que también residían aquí la mayoría de los testigos, y de que la intervención de Maggio -debe dirigir la pesquisa por el hecho de que Alperovich tiene fueros- facilitaría la producción de la prueba en general y el ejercicio del derecho de defensa. A estos argumentos se suma la circunstancia de que, según la víctima, un número significativo de las presuntas agresiones sexuales y las de mayor gravedad habrían sucedido en Tucumán.