Miguel Siares asumió la conducción del Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) renovó sus autoridades, luego de un año conflictivo y ahora con la promesa de abrir el diálogo como camino para resolver los frentes abiertos. "Queremos trabajar para el bien de la institución y pelear para defender los derechos de los aborígenes", dijo Miguel Siares, flamante presidente del Ippis y miembro del pueblo kolla.

El nuevo dirigente estará acompañado por Alejo Gallardo (Chulupí) como vicepresidente; Joaquín Killo, del pueblo Tapiete de Tartagal, como tesorero; Paulino Rueda (Ciaguita Calchaquí) como secretario; y Julio César Palavecino (Chané) en el cargo de subsecretario.

"Es cumplir un sueño, más que nada. Fue una demostración democrática y las comunidades van tomando protagonismo. El primer paso es el diálogo en forma conjunta, para que cada pueblo pueda plantear la situación de cada comunidad y podamos tomar acciones en conjunto para lo que siempre hemos querido", dijo Siares y apuntó que las tierras y las viviendas son dos prioridades de su gestión, que será por dos años.

En cuanto a las diferencias con la anterior dirigencia, a cargo de Enrique Arello, y que fuera destituida por la mayoría de los vocales del Ippis, el presidente dijo que los problemas "son con el hermano Indalecio (Calermo), que no quiere reconocer sus errores. Pero ya lo conocemos y él siempre ha tomado esas decisiones. Tiene que entender que estamos en democracia y que el Ippis está conformado por nueve pueblos y los hermanos son los que eligen y cada vocal toma la decisión de quién conduce el Ippis. Sigo apostando a la democracia y a las decisiones de cada hermano".

Martín García Caínzo, secretario de Derechos Humanos de la Provincia, asistió en representación del gobierno salteño y dijo que la voluntad es de acompañar la gestión del organismo y colaborar con la claridad y transparencia de las elecciones. En cuanto a los desalojos y protestas de comunidades en el norte provincial, García Caínzo dijo que se trata de terrenos relevados y que la resolución no es favorable para los desalojados, debido a que no se cumple con los requisitos de ancestralidad ni tradicionalidad. "Solo tienen la ocupación actual y no les va a salir la resolución favorable, por eso en este momento están en situación ilegal", aseguró. "Fuimos en nueve ocasiones a hablar, enviamos comisiones para que se vayan pacíficamente y en ningún momento hubo violencia".

Consultado sobre la cantidad de denuncias referidas a reclamos territoriales, el secretario dijo que son muchos territorios en conflicto y en extensiones que llegan a las 16 mil o 20 mil hectáreas en algunos casos. "Existen permanentes conflictos. El equipo técnico operativo realiza las mediciones en base a elementos tecnicos, tradicionales, históricos y ancestrales, y en base a eso se determina el uso actual. Todo ese proceso lleva un tiempo y hay demoras en todo el país, pero la idea es acelerar esos procesos".