En agosto se fijará un nuevo salario mínimo

Con la mayoría de las paritarias cerradas, el Gobierno convocará al Consejo del Salario en agosto para fijar un nuevo aumento de la remuneración mínima, que hoy es de $ 12.500. 

Así lo reveló ayer una nota publicada por iProfesional que asegura que el Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, esquivará de esta manera el pedido de convocatoria urgente elevado en las últimas horas por el sindicalismo duro encabezado por Hugo Moyano. 

Asimismo, podría aprovechar la cercanía de las PASO para inyectar más de $ 30.000 millones en la economía antes de la primera batalla electoral del año prevista para el 11 de agosto. “El Consejo del Salario va a ser convocado en agosto, que es lo previsto, una vez que terminen de cerrarse las paritarias”, confirmaron fuentes de Producción y Trabajo, aunque sin precisar la fecha.

Por estas horas, Sica se esperanza con una recuperación del consumo a partir de la clausura de las principales negociaciones salariales que entre marzo y junio ya alcanzaron a casi cinco millones de trabajadores.

Por ahora, se prevé que la actualización del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mejore la situación de 11 millones de trabajadores, un incentivo que se sumará a los créditos de la Anses, los subsidios para comprar autos y el plan de pagos Ahora 12. El SMVM es el menor ingreso que debe percibir un trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo. Su función es asegurar una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Aunque hoy sirve para cubrir solo un 37% de la canasta familiar de pobreza para una pareja con dos hijos, valuada en $33.300.

Con todo, los estudios muestran que tiene un efecto “derrame” sobre siete millones de trabajadores informales, 250.000 docentes cuyo piso salarial debe ser un 20% superior al mínimo, y 1,3 millones de jubilados con 30 años de aportes con un haber mínimo equivalente al 82% del mínimo por la reforma previsional de 2017.

También incide sobre los empleados registrados fuera de convenio y 580.000 beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad de la mínima.

Así, en caso de que el Gobierno convalide un aumento del 28% anual en línea con el promedio de las paritarias y se replique esa pauta en el sector informal -como ocurrió el año pasado-, el aumento en ciernes implicaría, cada mes, la inyección adicional de $ 30.000 millones por parte del sector privado y público, según cálculos propios.

De lo cual, previsiblemente, casi la totalidad sería volcado al consumo. Quedan por fuera, en cambio, los trabajadores agrarios y los estatales, con regímenes diferentes.

La última reunión del organismo tripartito fue el 8 de agosto del año pasado, ocasión en la que el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dispuso un incremento unilateral del 25% ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicalistas. El ajuste contempló un 7% en septiembre, 6% en diciembre y 6% en marzo, junto con un 7% en junio que finalmente se adelantó a marzo por la megadevaluación de 2018.